Por el costosísimo y muy endeudado Estado de las Autonomías nos estamos
acercando cada vez más a la insolvencia, tanto estatal como de las comunidades
autónomas. Para financiar las Autonomías ha sido necesario aumentar los
impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de
ciertos servicios. Al no recortar sustancialmente la estructura
político-administrativa de las CCAA, ha sido necesario adelgazar más todavía el
ya debilitado Estado del Bienestar.
El modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias
financieras, que no se corresponden con su escasa eficiencia en la prestación
de servicios al ciudadano.
Las autonomías se establecieron para integrar a las fuerzas nacionalistas
en el marco constitucional de 1978, pero los nacionalismos catalán y vasco no
aceptan actualmente con la debida lealtad esa Constitución, rechazan el Estado
autonómico y, más o menos explícitamente, aspiran a la independencia de sus
territorios.
Además, el desarrollo autonómico ha roto la unidad normativa nacional con
la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos
hasta hacerlos no competitivos a nivel europeo. También ha afectado
negativamente a la unidad educativa y cultural, así como al fomento de la
lengua castellana. El mito de las ventajas de las autonomías para los
ciudadanos se ha venido abajo. El Estado de las Autonomías ha sido un fracaso
político, económico y social, que ha fragmentado España en vez de mantenerla
unida, como era su objetivo. La enfermedad que aqueja al Estado de las
Autonomías es terminal y su bancarrota parece inevitable: el Estado autonómico
es un modelo de Estado fallido.
Por ello, actualmente, la eliminación de las autonomías es deseable para la
mayoría de los españoles, según las diversas encuestas, salvo la del Centro de
Investigaciones Sociológicas que dice que solo el 40 % de la población quiere
dicha eliminación.
Sin embargo los políticos, por su
propio interés, se obstinan en mantener un modelo autonómico que es ruinoso
para el ciudadano; pero que, en cambio, es muy provechoso para los partidos
políticos ya que las autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo
para la clase política y para sus enchufados.
Desde luego la existencia de las insostenibles CCAA imposibilita que España
cumpla sus objetivos de déficit presupuestario y que salga de la crisis. La
persistencia de la recesión y de la elevada cuantía del número de parados hará
que Europa nos obligue a elegir entre el mantenimiento de nuestras ruinosas autonomías
o nuestra pertenencia a la desarrollada Europa del euro. Efectivamente, si lo
antes posible no se reduce drásticamente el gasto y la estructura
político-administrativa de las CCAA, la desaparición del Estado de las
Autonomías llegará a ser inevitable, por una mera cuestión de supervivencia
colectiva.
Pero todavía estamos a tiempo de salir voluntariamente del ruinoso
laberinto autonómico, antes de que Europa tenga que rescatarnos
traumáticamente, para poder seguir en el selecto club del euro. Menos mal que
existen salidas de ese laberinto. En mi reciente libro El Ocaso de las Autonomías expongo algunas de esas salidas. Unas
son más factibles que otras, dado que la eliminación o la reforma sustancial
del Estado de las Autonomías exige una modificación esencial de nuestra
Constitución de 1.978, que reconoce a “las nacionalidades y regiones” el
derecho a la autonomía política.
Ciertos partidos políticos afirman ahora que lo mejor para salir del
laberinto autonómico es implantar en España un Estado federal, lo que supone el
reconocimiento de que el autonómico “café para todos” ha fracasado si bien, a
pesar de ello, quieren sustituirlo por
un federal “café con leche para todos”, igualmente ruinoso e inviable.
Si no se quiere modificar nada de la actual Constitución, la única pero
insuficiente salida factible del laberinto autonómico sería que, como la
autonomía es un derecho renunciable, las CCAA que lo acordasen devolvieran al
Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o ventajas, como
la asunción de sus deudas públicas por el Estado y la concesión a ellas de
excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo.
Sin embargo, la óptima y más urgente salida de ese ruinoso laberinto es la eliminación
de las autonomías mediante la implantación de un Estado unitario -para lo que es
conveniente que se llegue previamente a un acuerdo entre el PP y el PSOE para
modificar el Título VIII de la Constitución-, dado que un número creciente de
españoles somos partidarios de una plena recentralización política que tenga en
cuenta los hechos diferenciales de algunos territorios españoles. Para que
España se convierta en un Estado unitario habrá que celebrar elecciones a
Cortes constituyentes.
Pero la transformación en un nuevo modelo de Estado es una tarea demasiado
seria y trascendental para dejársela solamente a los partidos políticos. Los
ciudadanos –agrupados o no en asociaciones o foros de la sociedad civil- queremos
ejercer la soberanía popular para llevar a cabo esa reforma estructural del
Estado español. Actualmente la sociedad civil tiene ya suficiente madurez y
criterio político, por lo que se está organizando para ser protagonista del
cambio de modelo de Estado.
© Joaquín Javaloys, autor de "El ocaso de las autonomías" y miembro de la Red de Blogs Comprometidos
