Desde hace varias semanas, la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha provocado una nueva tormenta política, mediática y social con su propuesta, no consensuada, de proyecto de ley de educación: la LOMLOE (Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica de Educación). Con su forma de actuar, ha seguido el ejemplo de sus predecesores: ha propuesto su ley (“Ley Celáa”), sin buscar un acuerdo o un pacto nacional por la educación, tan necesario para regenerarla, pensando sólo en el presente y el futuro de los alumnos y de España. Por eso, con la “Ley Celáa”, la historia se repite y no se ha puesto coto a la nefasta y tradicional inestabilidad de la educación española de los últimos 40 años.
Hoy, sólo voy a detenerme en la “Disposición adicional trigésimo octava” de la “Ley Celáa”, relativa a “la lengua castellana, las lenguas cooficiales y las lenguas que gozan de protección oficial”. Y, sobre todo, quiero referirme a la “enmienda transaccional”, elaborada y presentada por el PSOE, UP y ERC, en el seno de la Comisión de Educación del Congreso.
Éstos son los hechos…
En el “proyecto de ley Celáa”, se recogían y se mantenían los preceptos de la “disposición trigésimo octava” de la “ley Wert” o LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), aprobada en 2013 y en vigor. Según la “ley Wert” y el “proyecto de ley Celáa”, los alumnos tienen derecho a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Por otro lado, el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de “lenguas vehiculares” (i.e. son vehículos o instrumentos de enseñanza y aprendizaje). Y, finalmente, se precisa que, al finalizar la educación básica, todos los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.
Ahora bien, el pasado 5 de noviembre, en la tramitación del “proyecto de ley Celáa” en la Comisión de Educación del Congreso, se aprobó una “enmienda transaccional”, sólo con los votos del PSOE, UP y ERC. Y, con esta enmienda, se eliminó la referencia al castellano como “lengua oficial del Estado” y a su carácter de lengua vehicular. Estas eliminaciones, junto a otras medidas, provocaron un encendido, bronco y enconado debate político, mediático y social.
A pesar de estas reacciones adversas y haciendo oídos sordos a las mismas, el 19 de noviembre, la “Ley Celáa” fue aprobada en el pleno del Parlamento por la ajustada mayoría de 177 de los 350 diputados. Por eso, la ministra Celáa pudo anunciar “urbi et orbi” que tenemos una nueva ley de educación, la octava desde la instauración de la democracia. Finalmente, una vez concluida la preceptiva tramitación en el Senado, se pretende que pueda ser aprobada definitivamente antes del 31 de diciembre.
Los partidos de la oposición consideran que las amputaciones precitadas desprotegen y dejan sin defensa a las familias que, en las CCAA con dos lenguas cooficiales, desean que sus hijos reciban la enseñanza en castellano. Además, denuncian que vulneran el art. 3 de la Constitución, que establece que el castellano es la “lengua oficial del Estado” y que todos los españoles tienen el “deber de conocerla” y el “derecho de usarla”. Por eso, exigen respetar el estatus y la función vehicular del castellano en el mundo educativo, aunque, para ello, tengan que llevar el asunto, una vez más, al Tribunal Constitucional.
Los partidos de la coalición de Gobierno, por su lado, han acusado a la oposición de querer eliminar las lenguas cooficiales para proteger el castellano. Además, afirman que, con la “Ley Celáa”, se trata más bien de garantizar el aprendizaje “pleno y equivalente” del castellano y de la lengua cooficial así como el aprendizaje en castellano y en las lenguas cooficiales. Y también aseveran que la “inmersión” lingüística es un modelo de éxito, ya que asegura el dominio funcional tanto del castellano como de las lenguas cooficiales.
… éstas son mis reflexiones...
Por las razones (?) apuntadas tanto por la coalición de Gobierno como por los partidos de la oposición, hay que reconocer que tantos unos como otros han tomado, una vez más, la palabra en vano, porque tenían que decir algo y no porque tenían algo que decir. Han verbalizado los mismos mantras de siempre, la mayoría de los cuales carecen de toda apoyatura factual, lógica, legal y, también, científica, propiciando así un diálogo (?) de besugos y de sordos. Esto denota que no han reflexionado, ni se han informado, ni se han dejado asesorar sobre esta cuestión, a pesar de que el Gobierno, por ejemplo, tenga contratados más de 1.200 asesores. Por lo tanto, no saben lo que significa “saber una lengua” ni “cómo se aprende una lengua” y se permiten tomar la palabra, sin tener ni idea del asunto, para repetir las mismas banalidades y mentiras de siempre.
Los partidos de la oposición (PP y Cs) se han rasgado las vestiduras ante la eliminación formal de toda referencia al castellano como lengua vehicular. Ahora bien, durante demasiados años, no han hecho nada efectivo en defensa del castellano como lengua vehicular y de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Y, ante la política de hechos consumados y de desacato a las sentencias judiciales, ellos y la justicia española han dejado en la estacada a los ciudadanos afectados, a los que asisten las previsiones legales. Por eso, desde hace demasiado tiempo, el castellano ya no es lengua vehicular, por ejemplo, en Cataluña; y, lo es cada vez menos en las otras CCAA con dos lenguas cooficiales. ¿A qué vienen ahora estas lágrimas de cocodrilo?
Con la enmienda transaccional, los nacionalistas catalanes pretenden blindar, apoyándose en la letra de la ley y no en el espíritu de la misma, la inmersión lingüística en detrimento del castellano como lengua vehicular. Ahora bien, si utilizamos el sentido común, la lógica y las aportaciones de la didactología de las lenguas y de las culturas, los nacionalistas no pueden llevarse el gato al agua ni conseguir lo que pretenden.
En efecto, si el castellano es la lengua oficial de España (art. 3.1. de la Constitución), es lógico, razonable y de sentido común que sea, como sucede en todos los países de nuestro entorno, no sólo “objeto de enseñanza” (i.e. debe ser enseñada) sino también “lengua vehicular” de la enseñanza (i.e. instrumento o vehículo en la enseñanza-aprendizaje de las materias curriculares). Por otro lado, de acuerdo con el mismo artículo, todos los españoles tenemos “el deber de conocerla” y el “derecho a usarla”. Ahora bien, según el sociolingüista Basil Berstein, para poder cumplir con este deber y poder ejercer este derecho, es absolutamente necesario alcanzar el dominio, oral y escrito, tanto del “código restringido” (nivel de lengua utilizado en la comunicación coloquial, en situaciones no formales) como del “código elaborado” (lengua de las situaciones formales de comunicación, lengua de los libros escolares, lengua vehicular de la escuela y lengua que da acceso a la cultura).
Ahora bien, desde la didactología, se afirma que, para adquirir los dos códigos del castellano y de las lenguas cooficiales y, por lo tanto, para dotar a los alumnos de unas competencias lingüísticas operativas y funcionales, es absolutamente necesario que todas las lenguas sean enseñadas y, además, sean utilizadas como “lenguas vehiculares”. Sólo así —utilizándolas como instrumentos para realizar las distintas actividades escolares y para adquirir los conocimientos curriculares; e invirtiendo tiempo, esfuerzo y energía en su estudio— se trabajará a favor del éxito académico, social y laboral; sólo así se conseguirá armar lingüísticamente a los niños, adolescentes y jóvenes para que no puedan ser manipulados, engañados y explotados, llegados a la edad adulta. Por eso, la afirmación de los nacionalistas catalanes de que el modelo de la inmersión es un modelo de éxito y con él se obtiene un dominio “pleno y equivalente” en castellano y catalán es una falacia o descarada mentira.
… y suyas son las conclusiones
Estos son los datos y mis sucintas reflexiones, y suyas son las conclusiones, como hubiera dicho la sectaria, censora e inquisidora Ana Pastor, adalid de ese Ministerio de la Verdad, que patrulla por las redes sociales para decidir lo que es verdad y lo que es mentira.
