“+ España y + Español”, así rezaba el lema de la manifestación de “Cataluña suma por España”, en el Paseo de Gracia de Barcelona, el pasado 12 de octubre de 2022, día de la Hispanidad y día de la fiesta nacional de España. En la cabecera iban, como de costumbre, los enfermizos yonquis del poder: dirigentes de C’s, del PP y de VOX. Aunque no estaban todos los que son, todos eran nefastos compañeros de viaje de los ciudadanos de a pie.
En efecto, los de la casta política utilizan siempre el anzuelo de la España vejada y de la cuestión lingüística para pescar votos en el revuelto y puerco río político catalán, que está anegando y liquidando la vida democrática, económica, cultural, educativa, social,… de Cataluña. Pensemos en las huidas interesadas, a Madrid, en aras de la satisfacción de sus apetitos desaforados de poder, de los engreídos Rivera, Arrimadas y de sus guardias pretorianas. O pensemos en la decapitación de Vidal-Quadras para que Aznar pudiera llegar a La Moncloa.
Los deseos, los sueños y las esperanzas
Creo a pies juntillas que es justo, necesario y vital —como reza el lema de la manifestación y como argumenta Javier Megino, Presidente de “Cataluña suma por España”— exigir “+España”: una mayor presencia de la cultura y de las instituciones de España, así como de sus símbolos, en Cataluña. Esto es una necesidad perentoria ante el repliegue de todo lo que huele a España, provocado por todos esos patológicos yonquis del poder, instalados desde siempre en la Moncloa, ante los chantajes, las exigencias de esos otros yonquis —sectarios y supremacistas— del nacionalismo-separatismo catalán.
Y, por otro lado, también creo que es justa, necesaria y vital la reivindicación en favor de “+ Español”: una mayor presencia de la lengua española en todos los ámbitos. En efecto, la presencia y el uso del español no han hecho más que decrecer hasta el punto de desaparecer, aunque todavía no de la comunicación cotidiana, tanto de la enseñanza como de las situaciones de comunicación más formales y prestigiosas (parlamento, medios, administración, televisión, radio, enseñanza, etc.).
Pero, ¿cómo conseguir “+ España y + Español”?
“+ España y + Español” está muy bien. Es una reivindicación lógica, de sentido común y de justicia, si no queremos perder nuestras señas de identidad y nuestras raíces la gran mayoría de los catalanes, que somos, como nos definió el ex-Honorable (?) Jordi Pujol i Soley, “los que trabajamos y vivimos en Cataluña y queremos serlo”. Pero, ¿cómo conseguirlo?
Hasta ahora, los que se consideran defensores del castellano en Cataluña sólo han actuado y luchado con la espada de ley y de la política. ¿Y qué resultado tangible, concreto y práctico han conseguido con esta espada? Ninguno. En efecto, con el paso del tiempo y a pesar de la buenas intenciones, la presencia de España en Cataluña y el estatus del castellano han ido de mal en peor. Se ha producido una marginación progresiva de todo lo que huele a español; y, en particular, del castellano, lengua española por antonomasia, en todos los ámbitos y, principalmente, en la enseñanza, donde ha perdido el fundamental papel de “lengua vehicular” en la enseñanza-aprendizaje, papel del que depende el dominio real y efectivo de la misma.
Como he escrito en otro lugar, para alcanzar el objetivo del pertinente lema “+ España y + Español”, por un lado, habría que cambiar de discurso y utilizar argumentos lingüísticos, psicolingüísticos, pedagógicos y culturales para fundamentar sólidamente las “maricomplejinescas” reivindicaciones políticas y las deficientes y desacatadas sentencias judiciales, formuladas y elaboradas a la ligera, sin ningún asesoramiento científico y profesional de aquellos que saben de lingüística y de enseñanza. Por el otro, habría que cambiar de interlocutores y dirigirse principalmente a los padres y alumnos, cuyo futuro está en juego, en vez de a los políticos y a los jueces, que se hacen asesorar por indocumentados. Y, finalmente, habría que cambiar la estrategia y las acciones a llevar a cabo para que haya realmente “+ España y + Español”.
Pero, para que estos cambios se lleven a cabo, habría que desenmascarar a los responsables del “statu quo” actual. Por un lado, habría que poner en tela de juicio a la casta política nacionalista, que ha elaborado y aplicado una política lingüística y educativa que ha provocado que, en Cataluña, por ejemplo, haya cada vez “– España y – Español”; y también la labor del resto de la casta política, que no han hecho nada para impedirlo o que, incluso, han colaborado activamente en ello, vendiendo España y el español por sucesivos platos de lentejas.
Además, habría que leerle la cartilla a los profesores, que han aplicado acríticamente las aberraciones y monstruosidades educativas propuestas por la casta política, que van contra el sentido común y que mancillan la sacrosanta deontología profesional del profesorado. En efecto, parece que los profesores desconocen en qué consiste dominar una lengua, en qué consiste leer y en qué consiste redactar. Y, por eso, se dedican a enseñar cosas sobre la lengua castellana y no el uso de la misma.
No debemos olvidarnos tampoco de desenmascarar a los jueces, que elaboran sentencias para lavarse las manos como Pilatos, fijando arbitrariamente porcentajes (el 25% de la enseñanza en castellano), que se han sacado de la maga de las togas. Deberían escuchar a los especialistas en lingüística, en lingüística aplicada, en psicolingüística y en pedagogía para determinar el peso y el estatus de las lenguas en la enseñanza; y, en particular, el de la lengua materna. Por otro lado, los jueces deberían recuperar también el amor propio y la dignidad, ninguneados y mancillados por el desacato reiterado a sus sentencias por parte de la casta política de aquí y de acullá. Si no se hacen respetar y si no se aplican sus sentencias, habría que inferir que la justicia española es un “cachondeo”, como dijo el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco.
Y finalmente, hay que traer a colación a los padres, a los adolescentes y a los jóvenes, a la vez víctimas y responsables también del “– España y – español”. La mayoría de ellos desconocen cuáles son sus derechos y sus obligaciones lingüísticas, previstos en el art. 3.1. de la Constitución de 1978: el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo. Por eso, han tragado y tragan los carros y carretas de la política lingüística castradora de la Generalidad de Cataluña.