· Como
hemos apuntado ya, en la normalización
lingüística del sistema educativo de Cataluña, se pueden distinguir claramente
dos etapas: la primera puede y debe ser tildada de “normalización
flexible, racional y razonable”; la segunda, sin embargo, debe ser
calificada de “radical”. Hoy nos
ocuparemos sólo de la primera.
· Esta
primera etapa fue propiciada por una serie de textos legislativos, que se
escalonan entre 1975 y 1992 y que se fundamentan en la Constitución de 1978 y
el Estatuto de Autonomía de 1979. En esta primera etapa, se pueden diferenciar claramente
dos fases.
· Primera fase (1975-1982): enseñanza
obligatoria del catalán y
experimental en catalán. En
1975, se autoriza, con carácter experimental y como materia voluntaria, la
enseñanza del catalán. En 1978, dos nuevas disposiciones regularon la
incorporación efectiva y obligatoria de la enseñanza del catalán, en los niveles no universitarios, a razón de 3h.
semanales. Esta incorporación implicó, en BUP, una reducción del horario del
español y de otras asignaturas. Por otro lado, existió la posibilidad de
impartir “programas sólo en lengua catalana o castellana”,
previa autorización de la Comisión mixta
(MEC-Generalitat), en función de la lengua materna de los alumnos, de la
elección de los padres y de los medios disponibles. Además, se precisa que
había que acoger a los niños en su lengua materna (catalán o castellano). En
esta fase no se habla todavía de “normalización”,
sino del “proceso de incorporación de la
lengua y cultura catalanas al sistema de enseñanza de Cataluña”.
· Segunda fase (1982-1992): enseñanza obligatoria del catalán y en catalán.
Con tres nuevas disposiciones, en las que se habla, impropiamente y por primera
vez, de “normalización” lingüística, se pretende profundizarla e
intensificarla, siguiendo el camino trazado en la fase anterior. En efecto, se
pretende implantar y generalizar la enseñanza
del y en catalán y español, en todos los niveles educativos no
universitarios. Sin embargo, se precisa que los primeros aprendizajes deben ser
asegurados mediante la enseñanza en la
lengua habitual (propia) de los niños, ya sea ésta el catalán o el español;
esto constituye un derecho que la Administración debe garantizar y que los
padres pueden ejercer. Con esta política lingüística se intentaba conseguir que
los escolares llegasen a ser capaces de utilizar normal y correctamente las dos
lenguas oficiales (bilingüismo equilibrado). Ahora bien, ya se aprecia
claramente una discriminación positiva del catalán para que se convierta en la
única lengua vehicular en la enseñanza.
· En la etapa
“pre-normalizadora”
(años 60 y 70) y en esta primera etapa normalizadota (1975-1992), triunfaron
las tesis coincidentes de Rosa Sensat y de Miquel Siguán: triunfaron la razón, el
sentido común, la equidad, los principios pedagógicos y psicolingüísticos, así
como el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos y de los padres,
sobre los criterios de naturaleza política y nacionalista, defendidos por Omnium
Cultural. Por este motivo, durante todo este periodo, se aplicó una
política de normalización lingüística flexible, racional y razonable. Con
ella se intentó dar satisfacción a las demandas de los padres, adecuar el ritmo
y la intensidad de la normalización a los distintos tipos de alumnos, siguiendo
los dictados y aportaciones de las Ciencias de la Educación, así como
tratar de alcanzar progresivamente un bilingüismo equilibrado, castellano/catalán.
· Ahora bien, este triunfo no fue el resultado de una reflexión sosegada y profunda, por parte de
los responsables de la política lingüística, sobre el peso, el valor y la
pertinencia de los principios y argumentos psicopedagógicos de Rosa Sensat. Esta elección fue, más
bien, el resultado de la coyuntura del momento. En efecto, en esta primera
fase, los responsables políticos tuvieron que ser prudentes con el ritmo y
extensión inicial de la mal llamada “normalización del catalán”, por una
serie de motivos: por un lado, no había que provocar el rechazo, la resistencia
y las protestas de los ciudadanos de Cataluña; por otro lado, no había
profesorado suficiente y bien formado para
asegurar la enseñanza masiva del y en catalán; en fin, tampoco estaban listos y
disponibles los libros de texto y el material didáctico para llevarla a cabo.
· En 1992, estas deficiencias habían sido ya
subsanadas gracias a la creación de departamentos de Filología Catalana en
todas las universidades de Cataluña, a las Escuelas de Formación de Maestros y
a un gran esfuerzo editorial (material didáctico y libros de texto). Por otro
lado, los resultados de esta primera normalización no satisfizo ni las
expectativas ni las previsiones de los responsables de la misma. En efecto, para
los nacionalistas de derechas, de centro o de izquierda, el ritmo de la
normalización había sido demasiado lento y los resultados no habían sido los
esperados. Y esto era muy grave, ya que ponía en entredicho la “construcción
nacional”, que se cimenta y que encuentra su justificación en la lengua propia
de una parte minoritaria de la ciudadanía catalana; lengua que ha sido, es y
será, para los nacionalistas, no sólo el punto de apoyo sino también la palanca
con la que pretenden remover, destruir y rehacer el mapa territorial de la
Península Ibérica.
· Por todo ello, en 1992, el Gobierno de la
Generalitat de CiU —apoyado por la
oposición de ERC, ICV-EUiA y PSC— cambió totalmente de estrategia: abandonó la
“normalización flexible, racional y
razonable” (tesis de Rosa Sensat y Miquel Siguán) y adoptó y empezó a
aplicar una “normalización radical”
(tesis de Omnium Cultural), la llamada “inmersión lingüística precoz, total y
obligatoria”, de la nos ocuparemos en la próxima entrega.
Coda: « Je ne demande pas à être approuvé, mais à
être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire » (Ch. Nodier).
© Manuel I. Cabezas González
Publicado en La Voz de Barcelona, Bottup y eldebat.cat.
22 de enero de 2013
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