domingo, 13 de enero de 2019

MEMORIA HISTÓRICA SELECTIVA



· Cuando se ha tenido la suerte de sumar mucha vida a los años y muchos años a la vida, uno ha podido constatar que la “pérdida de memoria” es algo inevitable: la enfermedad de Alzheimer acecha y se presenta cada vez más prematuramente para exigir su tributo. Y, cuando escribo esto, pienso en un familiar muy cercano y en un amigo entrañable.

· Por otro lado, si tenemos en cuenta el funcionamiento del cerebro, podemos corroborar que recibe constantemente una masa ingente de estímulos a través de esas ventanas que son los sentidos. Ahora bien, el cerebro desecha la mayor parte de ellos y sólo guarda en el desván de la memoria una pequeña parte de los mensajes recibidos. Además, con el paso del tiempo, las sinapsis (conexiones neuronales) no se siguen reforzando ni se pueden ampliar. Más bien, se debilitan y se degradan.

· Por eso, para intentar luchar contra el olvido o la desmemoria y esa parca de los recuerdos que es la enfermedad de Alzheimer, son fundamentales, según los expertos, las actividades preventivas para mantener nuestro cerebro siempre activo y en buen estado de funcionamiento. Para ello, es también importante esa “memoria externa”, que adopta la forma de mensajes lingüísticas escritos (“memoria de papel”, diría Michel de Montaigne) y de mensajes icónicos (fotos, grabaciones audio, visuales o audiovisuales, etc.). En esta memoria externa es donde vamos depositando una buena parte de nuestras vivencias personales o colectivas, para tenerlas al alcance de la mano y poder activarlas en el momento oportuno.

· Ante la espada de Damocles, individual o social, de la enfermedad de Alzheimer y la fisiología de nuestro cerebro, es muy loable y pertinente la “Ley de Memoria Histórica”, gestada durante el primer mandato del presidente Zapatero y aprobada en 2007. En efecto, como escribió muy acertadamente José Saramago, “somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; sin memoria, no existimos y, sin responsabilidad, no merecemos existir”.

· Con esta ley, llamada indebidamente —según algunos— “Ley de Memoria Histórica” (LMH), se pretende precisamente luchar contra el olvido  de nuestro traumático y reciente pasado común, propiciar la conservación y el conocimiento de nuestra historia, y acabar con el “pacto de silencio” de la Transición. Además, al mismo tiempo se intenta reconocer los derechos y establecer nuevas medidas a favor de quienes padecieron arbitrariamente persecución y violencia durante la Guerra Civil (1936-1939) y durante la dictadura franquista (1939-1975).

· Es justo, lógico y razonable estar de acuerdo con el objetivo de esta ley así como con las medidas en favor de las víctimas, medidas que persiguen resarcir judicial, social, política y econonómicamente a las víctimas del franquismo. Ahora bien, reconocido y aceptado esto, uno no puede estar de acuerdo, sin embargo, con la aplicación que se ha hecho y se está haciendo del Art. 15.1. de la LMH. Según reza este artículo, en los espacios públicos se debe proceder a “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

· En base a estas previsiones legales, se han empezado a limpiar los espacios públicos de España de los recuerdos tangibles (estatuas, monumentos conmemorativos, nombres de calles, plazas, edificios públicos, etc.) de la Guerra Civil y de la Dictadura Franquista. Y esto ha provocado, por distintos motivos, conflictos legales, polémicas y enfrentamientos, como han reflejado profusamente los medios de comunicación. En efecto, con la aplicación del Art. 15.1. de la LMH se pretende olvidar y se olvida (“desmemoria”) a unos (los del bando de los vencedores) y sólo se trata de recordar y se recuerda (“memoria”) a otros (los del bando de los vencidos), que fueron injustamente olvidados durante los 40 años de Dictadura y durante la Transición. Ahora bien, esta forma de proceder está en contradicción con el concepto mismo de “memoria” y con la función de la misma (conservar hechos —buenos o criticables, positivos o negativos— del pasado). Por eso, la LMH puede ser tildada de “memoria selectiva o partidista o subjetiva”, que persigue más bien la “amnesia” de una parte de nuestro pasado, que es precisamente lo contrario de la “memoria”.

· Proceder así es aplicar la romana “damnatio memoriae” (eliminación de todo aquello que recuerde al enemigo: imágenes, monumentos, inscripciones e incluso su nombre) y llevar a cabo las actividades del “Ministerio de la Verdad”, descritas por George Orwell en su relato “1984”: reescribir y manipular la historia, para que los hechos acaecidos en el pasado coincidan con los intereses partidistas de la casta política de turno. Esta damnatio memoriae” o memoria orwelliana” persigue precisamente provocar una amnesia colectiva selectiva (“desmemoria”), para no recordar acontecimientos lamentables y criticables de nuestro pasado reciente e implantar, en consecuencia, la “ley del silencio” o la mafiosa “omertá”. Y esto es hacer un flaco favor a la memoria histórica, al tiempo que denota miedo a transmitir y a conocer la verdad.

 · Ante los objetivos y los resultados amnésicos de la aplicación del Art. 15.1. y si se quiere conservar objetivamente nuestro pasado reciente en toda su complejidad y diversidad, creo que sería más pertinente o más acertado, y estaría más de acuerdo con el concepto de “memoria”, que se mantuvieran “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones” así como los nombres de personajes o hechos franquistas. Ahora bien, con una condición: habría que añadir informaciones o datos descriptivos, desde una historiografía objetiva, que expliciten lo que fueron, lo que hicieron, lo que representaron o significaron tanto los personajes como los hechos acaecidos. Así, por dar sólo algunos ejemplos, habría que conservar “Plaza/avenida del Generalísimo o Francisco Franco”, pero añadiendo, por ejemplo, “General golpista y/o dictador y/o causante de una guerra civil y de 1 millón de muertos”. O añadir, a la denominación “Calle/plaza/ avenida Carlos Arias Navarro”, el calificativo descriptivo “el carnicerito de Málaga”. O completar el rótulo “Calle o plaza o avenida Millán-Astray”, con sus siniestros y necrófilos lemas El apóstol del "¡Muera la inteligencia!" y del “¡Viva la muerte!”.

· Adoptar y aplicar esta propuesta para actualizar el callejero de las ciudades y pueblos de España es trabajar eficazmente no sólo para conservar y fortalecer la “memoria histórica” en toda su complejidad sino para esclarecerla y enriquecerla. No podemos olvidar la historia, como proponen algunos (entre ellos, Santos Juliá, que recomienda echar al olvido el pasado para propiciar el borrón y cuenta nueva, como se hizo durante la Transición). Hacerlo es correr el riesgo, como dijo Cicerón, de repetir los errores del pasado. Por eso, no debemos olvidar la sugerencia de José Saramago: Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”.

© Manuel I. Cabezas González
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13 de enero de 2019

miércoles, 21 de noviembre de 2018

UNIÓN EUROPEA, CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA



· En 2013, analicé los mensajes icónicos de los billetes de curso legal de la Unión Europea (U.E.), que utilizamos todos los días, sin reparar en los contenidos subliminales vehiculados por ellos. En estos billetes hay una simbología cargada semánticamente, que sintetiza algunos de los valores fundacionales y fundamentales de la U.E.: el de la apertura, el de las comunicaciones y el de la libertad. En efecto, en el reverso, hay siempre puentes, construcciones que permiten salvar dificultades orográficas y que facilitan el transito, la comunicación, la cooperación, el desplazamiento de personas, el comercio de mercancías y la conexión entre los diferentes Estados miembros. Y, en el anverso, aparecen siempre puertas y ventanas, espacios vacíos que dan acceso a otras realidades, a otras formas de vivir, de sentir y de ser, i.e. a otros mundos.

· Ahora bien, este mensaje positivo, ilusionante y esperanzador entra en contradicción con el mensaje, también subliminal, transmitido por la arquitectura del Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo. Esta sede del Parlamento, de forma cilíndrica, parece un edificio inacabado, como la mítica Torre de Babel  (cf. ut supra fotos del uno y de la otra). Según el relato bíblico, la inconclusa Torre de Babel representa la inestabilidad, el caos, la confusión así como la incapacidad para rematarla. Es el símbolo del fracaso, fruto del castigo divino por la arrogancia, la soberbia y las pretensiones desmesuradas del hombre.

· El parecido entre ambas construcciones es muy claro y evidente. Y, por razonamiento analógico, podríamos afirmar que la arquitectura de la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo es, a priori, pájaro de mal agüero y un mal presagio para la empresa hercúlea (construcción de la Unión Europea), que no ha podido ser llevada a cabo todavía ni por los mandatarios europeos del pasado ni por los del presente. ¿Lo conseguirán los del futuro? Con los datos actuales disponibles, parece difícil o, incluso, imposible, si el proceso de construcción y consolidación de la futurible Unión Europea no cambia de rumbo y si no se piensa mucho más en la “Europa de los ciudadanos” y un poco menos en la “Europa de los mercaderes”. 

· En un ensayo reciente (2017), Javier Arregui (2017) lleva el agua al molino de la precitada interpretación pesimista de la arquitectura del Parlamento Europeo en Estrasburgo. En efecto, pone el dedo en la llaga del impasse en el que se encuentra la construcción europea. Para él, la construcción europea ha privilegiado las políticas de creación del mercado único europeo (la “Europa de los mercaderes”) y, por eso, ha adolecido de la falta de unas políticas correctoras de las leyes del mercado e impulsoras de los derechos sociales (la “Europa de los ciudadanos”). Y esto se ha traducido en un progresivo “des-empoderamiento” de los ciudadanos y en una serie de debilidades estructurales de la todavía non nata Unión Europea: creciente desigualdad, falta de transparencia y de rendimiento de cuentas, desregulaciones, desmantelamiento del Estado de bienestar, pérdida progresiva de las conquistas y de los derechos sociales, precariedad del empleo y altos niveles de desempleo, etc., debilidades que han desencadenado, en la ciudadanía, un profundo malestar y un creciente desencanto hacia el proyecto europeo.

· Por eso, precisa J. Arregui, en la inconclusa y estancada construcción europea, hay unos ganadores y unos perdedores. Los ganadores y beneficiarios son sólo un 20% de los europeos, que conforman la élite política y económica (los eurófilos). Sin embargo, los perdedores son la inmensa mayoría de los ciudadanos (el 80%), que no han notado, en su día a día, ningún beneficio personal y tangible, propiciado por el proceso de construcción europea (los eurófobos). De ahí que, entre los ciudadanos de a pie, exista la percepción cierta de que las políticas europeas favorecen más a las clases pudientes que a las populares. Y esto ha ahondado cada vez más la brecha de las “desigualdades sociales” y ha provocado una real “crisis de legitimidad social” de la UE. El desafecto hacia las instituciones y hacia todo lo que huela a Unión Europea es una realidad. Para darse cuenta de esto, basta con pensar en el Brexit, en el crecimiento generalizado y constante de los euroescépticos, de los eurocríticos y de los eurófobos, así como en la resurrección de los nacionalismos y de los partidos de extrema derecha en la mayor parte de los estados miembros.

· Ante este statu quo y para relanzar e impulsar el proceso de integración de una auténtica “Europa de los ciudadanos”, como preconiza J. Arregui, habría que, entre otras cosas, potenciar una revitalización de la democracia, reinventándola, para poner coto a los burócratas europeos y a la casta política. Por otro lado, se tendrían que implementar “políticas inclusivas” y de “solidaridad redistributiva”, para reducir y acabar con la brecha, cada vez mayor, de las desigualdades económicas, sociales y culturales entre europeos. Además, se tendrían que sustituir y/o compaginar las “identidades locales y nacionales” con una “identidad europea común”. Así se podría ir más allá de lo económico e instrumental y contrarrestar el auge de los eurófobos y el resurgimiento con fuerza de los nacionalismos. Por otro lado, se tendrían que abandonar las declaraciones retóricas y políticamente correctas (“la langue de bois”) para pasar a los actos, a la “política de las cosas” (“Facta, non verba”). Finalmente y sin ánimo de ser exhaustivo, se debería poner el acento en la formación, en general, y en la formación lingüística, en particular, de los ciudadanos europeos. De la comunicación nace el conocimiento de uno mismo y del otro, del conocimiento nace la autoestima y la estima del vecino y de este conocimiento mutuo surgen las sinergias (“identidad europea”) para llevar a cabo un proyecto común.

· Sin la vista puesta en la “Europa de los ciudadanos”, gracias a la implementación, entre otras muchas, de las medidas desgranadas ut supra, no se podrá avanzar en la necesaria y vital construcción europea, que debe ser algo más que mercado. La “nascitura” Unión Europea o es algo más que mercado y economía, aunque también, o no será. De esto depende que los malos presagios de la arquitectura de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo sean sólo augurios y no realidad.

© Manuel I. Cabezas González
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21 de noviembre de 2018

miércoles, 31 de octubre de 2018

SUSPENSO TAMBIÉN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS


· En mi último texto,  puse el dedo en la llaga de la deficiente formación universitaria de los cientos de miles de licenciados o graduados que se presentaron a las oposiciones, para ser profesores titulares en la enseñanza no universitaria, y que fueron eliminados ya en la primera prueba. Hoy quiero remachar el mismo clavo, analizando un aspecto concreto y transversal de la formación de los universitarios españoles: sus competencias lingüísticas, al terminar los estudios universitarios, en lenguas extranjeras.

· En la formación universitaria española (excepto en las filologías, aunque aquí hay también mucha tela que cortar), las lenguas extranjeras no formaron parte tradicionalmente de los planes de estudios y, por lo tanto, no se exigían competencias lingüísticas para poder licenciarse o graduarse. Ahora bien, con la entrada de España en la UE (1986) y, en particular, con la Declaración de Bolonia (1999) y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se empieza a hablar de la necesidad de armar lingüísticamente a los futuros diplomados y “masterizados” españoles.

· Fue la Generalidad de Cataluña la primera que verbalizó la necesidad de imponer el requisito, lógico y razonable, de acreditar el nivel B2 de inglés (o de francés o italiano o alemán) para poder graduarse. Para ello, en 2001, Andreu Mas-Colell, Consejero de Universidades, pidió a los rectores que modificasen los planes de estudios para introducir este requisito. Pero su petición fue echada en saco roto y no se hizo nada.

· En marzo de 2002, el Consejo de Europa, en la Declaración de Barcelona, fijaba el objetivo de mejorar el dominio de las competencias [lingüísticas] básicas, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana”. Ahora bien, diez años después (en 2012), el porcentaje de europeos que podían comunicar en una lengua extranjera había disminuido del 56% al 54% y, por otro lado, el porcentaje de alumnos competentes en una lengua extrajera era muy variable, según el país considerado: por ejemplo,  82% en Malta y Suecia, y el 14% en Francia, para el inglés; 9% en Inglaterra, para el francés. Y, por lo que respecta a España, los alumnos seguían en el furgón de cola.

· En 2008, con el Tripartito catalán (2003-2010), se anunció que el conocimiento del inglés sería un requisito obligatorio para que los alumnos que iniciasen sus estudios en 2012 pudieran graduarse. Pero tampoco se hizo nada para implantarlo. Por eso, en 2013, Andreu Mas-Colell, Consejero de Economía y Conocimiento del Gobierno de la Generalidad, anunció la medida de exigir a los futuros graduados universitarios, que iniciasen sus estudios en 2013-2014,  el nivel B2 de inglés o de otra lengua extranjera (francés o italiano o alemán) para poder graduarse. Con este requisito se apostaba por el inglés, con el fin de poner remedio al deficiente nivel lingüístico de los universitarios catalanes, con el fin de propiciar la incorporación al EEES y facilitar así la inserción y la movilidad laborales de los graduados catalanes.

· En 2014, en el Art. 211 de la “Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público”, se reguló finalmente el requisito del B2 para los alumnos que iniciaran sus estudios de grado a partir del curso 2018-2019. A pesar de esta previsión legal, en mayo de 2018, el Parlamento de Cataluña, a petición del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), votó por unanimidad una moratoria de 4 años para empezar a exigir el requisito del B2 de inglés y poder graduarse. ¿Motivos? Por un lado, se puso el acento en la falta de cobertura legal para la medida, ya que las lenguas extranjeras no formaban parte, en general, de los planes de estudios. Además, este requisito fue precipitado y no se previeron los recursos necesarios para implantarlo. Por otro lado, al final del grado, muchos universitarios no tenían un nivel suficiente en lengua extranjera para poder acreditar el B2. Y, en consecuencia, la aplicación de este requisito los privaría del título universitario durante el tiempo necesario para adquirirlo.

· A nivel nacional, en 2016, Mariano Rajoy lanzó también la idea de tener que acreditar el B2 de inglés para obtener el título de grado. Para ello, se iba a lanzar un programa nacional de formación del profesorado de inglés y de enseñanza de disciplinas no lingüísticas en inglés. Ahora bien, para exigir el requisito del B2, fijó un plazo de 10 años (para el 2026). ¡Largo me lo fiáis!, hubiera respondido Don Juan Tenorio. Desde entonces, nunca más volvió a hablar de ello. 

· Así se gestó, en Cataluña, el requisito del B2 de inglés para poder graduarse. Sin embrago, esta gestación no ha desembocado todavía en un parto exitoso y viable. Ahora bien, esta accidentada gestación del requisito del nivel B2 merece, a modo de coda, algunas glosas.

· Este requisito denota, sin duda alguna, la ineficiencia de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en primara, secundaria y bachillerato. Y yo me atrevería a afirmar que la ineficiencia concierne también la(s) lengua(s) materna(s) (español y/o catalán). Sin embargo, como apuntó Xavier Grau, ex Rector de la URyV, durante los cuatro años de moratoria será muy difícil conseguir lo que no se ha alcanzado durante toda la enseñanza preuniversitaria. Sobre todo, teniendo en cuenta el bajo nivel con el que llegan a la universidad los bachilleres y el hecho de que los universitarios hayan sido abandonados a su suerte para solucionar estas deficiencias lingüísticas con sus propios medios (EOI, academias, estancias en el extranjero, etc.). Por eso, como ha precisado muy certeramente Ferran Sancho, ex Rector de la UAB, sería necesaria una “solución global” (actuar y crear sinergias en todos los niveles del sistema educativo español). Sólo así los graduados universitarios podrían adquirir las competencias lingüísticas para desenvolverse en un mundo global, interconectado, multilingüe y muy competitivo.

· Por otro lado, la moratoria es el reconocimiento de un fracaso total de la iniciativa del requisito del B2 del Gobierno de la Generalidad y demuestra que, para  los sucesivos Gobiernos catalanes así como para las universidades, la formación de los universitarios no ha sido una de sus prioridades. Y tampoco lo será en el futuro ya que dilata en el tiempo la exigencia del B2 de inglés, aspecto fundamental de la formación universitaria. Además,  no se han previsto los recursos necesarios para conseguirlo y se ha abandonado a los universitarios a su suerte para que —en el  plazo de 4 años y según su buen hacer, poder económico y querer— hagan lo necesario para dotarse del nivel B2.

· Finalmente, la formación lingüística no es una cuestión baladí. Más bien, todo lo contrario. Desde que España forma parte de la UE, los ciudadanos españoles disfrutamos de nuevos derechos. Entre ellos, el derecho de circulación y de establecimiento en cualquier país de la Unión Europea. Ahora bien, para poder ejercerlo y para que deje de ser un derecho virtual o un brindis al sol, es fundamental tener ciertas competencias lingüísticas (al menos, el nivel B2), en la lengua del país donde uno quiere echar raíces. Y para conseguirlas, es preciso que las autoridades europeas, nacionales y autonómicas proporcionen los recursos necesarios, tanto en cantidad como en calidad. Algo que no han hecho hasta ahora y que no está previsto que hagan en el futuro.

· Además, tras la IIª Guerra Mundial, los países fundadores de la actual Unión Europea optaron por la cooperación y el diálogo, abandonando la confrontación y el enfrentamiento. Esta elección tiene implicaciones lingüísticas claras en una Europa multilingüe y multicultural. Sin embrago, aunque las instituciones europeas sean conscientes de que todo progreso en la consolidación europea está condicionada por el aprendizaje-adquisición de las lenguas de los socios comunitarios, las autoridades europeas no han querido o no han sabido llevar a cabo una política lingüística decidida y eficaz.

· Por eso, en los sucesivos Eurobaromètres se levanta acta de que la formación lingüística de los jóvenes y ciudadanos europeos deja mucho que desear y constituye un verdadero talón de Aquiles para la viabilidad de la Unión Europea. Y, así, no es descabellado afirmar que el Brexit, el crecimiento de los euro-escépticos y el renacimiento de los nacionalismos han encontrado un terreno propicio en el desierto de las competencias lingüísticas, instrumentos absolutamente necesarios para confraternizar, comunicarse, conocerse,  establecer lazos entre los europeos y construir Europa. Ahora bien, esto será objeto de una próxima cogitación.


© Manuel I. Cabezas González
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28 de octubre de 2018