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Según las previsiones legales, los ciudadanos de Cataluña tenemos el derecho a dirigirnos a las
Administraciones de nuestra Comunidad Autónoma en la lengua co-oficial (catalán
o español), que hayamos escogido. Y, como correlato, las Administraciones
catalanas tienen la obligación de estar preparadas para poder atender a los
administrados en la lengua oficial, elegida libremente por éstos. Sin embargo, no es la primera vez que he tenido
que hacer valer, ante las distintas administraciones catalanas, mis derechos
lingüísticos, exigiendo el respeto de los mismos, aunque teniendo que asumir y
sufrir, a veces, ciertos efectos colaterales. He aquí algunos hechos datados,
verificables y reveladores.
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FEBRERO DE 2011: volviendo de las tierras castellano-leonesas, un
radar me sorprendió, en la provincia de Lérida, con un pequeño exceso de
velocidad. Illico, recibí una
notificación, sólo en catalán, para comunicarme la infracción y la penalización
crematística correspondiente (50€). Ante la exigencia del respeto de mis
derechos lingüísticos, el Sr. Ferran de
Noguera i Casas (Jefe Territorial de Tráfico de Lérida) me envió una nueva
notificación en la otra lengua oficial y propia de la mayoría de los ciudadanos
de Cataluña, el español. Y, en consecuencia, procedí al pago de la multa.
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Ahora bien, debo precisar que esta notificación en español contenía
hasta 5 faltas, que no eran “lapsus
calami” (faltas de “performance”,
i.e. producto de un déficit de atención o descuido) sino “errores de competencia”, que denotan lagunas graves en el dominio
del español. ¡Y luego, las autoridades educativas y la casta política catalana
así como los “todólogos” o “tolosas” (los que todo lo saben) y la
mayoría de los profesores se dedican a difundir la mentira de que los jóvenes
salen del sistema educativo con un buen
conocimiento del español!
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OCTUBRE DE 2012: por un “inadecuado” aparcamiento en la villa de
Sant Cugat, encontré una multa (90€), en versión bilingüe, en el parabrisas de
mi coche. Ahora bien, en el reverso de la misma, las instrucciones para hacerla
efectiva estaban sólo en catalán. Después de la habitual carta de exigencia de
respeto de mis derechos lingüísticos, el Secretario General del Ayuntamiento de
Sant Cugat me envió las instrucciones en español y pude cumplir con mis
obligaciones de ciudadano informado y responsable. Ahora bien, al haber
transcurrido el plazo, por culpa de la lentitud de la Administración en el
cumplimiento de sus obligaciones lingüísticas, no puede acogerme a la reducción
del 50% (45€).
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MARZO DE 2013: en la A2, dirección Barcelona, me sorprendió
nuevamente un radar con un pequeño exceso de velocidad. Y, como de costumbre,
recibí la preceptiva notificación del Servicio de Tránsito de Barcelona, sólo
en catalán. Y, como de costumbre, exigí el respeto de mis derechos
lingüísticos. Y, como de costumbre, el responsable del Servicio Catalán de
Tráfico tuvo que reenviarme la notificación en español. Y, como de costumbre, hice
el pago correspondiente (50€).
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MAYO DE 2013: recibí de la Oficina de la Diputación de Barcelona
en el Ayuntamiento de Cerdanyola, un “avis de pagament” de la “tasa del servicio de gestión de residuos
municipales domésticos - 2013”, como siempre, redactado sólo en catalán. Ante mis
exigencias lingüísticas, recibí, unas semanas después, un nuevo correo del Jefe
de la precitada Oficina, Sr. Lluis
Richard, en el que me informaba que tomaba nota de mi solicitud, a la cual
daría cumplimiento de acuerdo con la legislación vigente.
· El pasado 2
de julio, recibí un nuevo “avis de
pagament”, esta vez, en versión bilingüe. Ahora bien, en la casilla “total a pagar” figuraba la cantidad de 63,64€,
en vez de los iniciales 56€. A éstos se habían añadido 5,60€ (recargo de apremio) y 2,04€ (costas de procedimiento). Ante mi
escrito de protesta, recibí, el 9 de octubre una “notificación de diligencia de embargo” por un montante de 70,15€,
lo que supone un nuevo incremento del recargo, de las costas y unos intereses
de demora. El embargo se ejecutó el 3 de octubre de 2013 en la entidad bancaria
donde tengo mis cuentas.
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ABRIL DE 2013: recibí del Institut Municipal d’Hisenda del
ayuntamiento de Barcelona la notificación del “impuesto sobre vehículos de tracción mecánica-2013” (136,69€), como de costumbre, solo en versión
catalana. Ante mis exigencias lingüísticas, unos meses después recibí de la
Secretaria Delegada del Institut precitado, la Sra. Paloma González Sanz, esta vez en versión bilingüe
(catalán/español), una “providencia de apremio”. Ahora bien, a la
cantidad a pagar (136,69€) se le había aplicado también un “recargo” (13,67€) y unas “costas de procedimiento” (2,33€).
· Ante mi protesta formal, el Gerente de dicho
Institut, Sr. Antoni Rodríguez i Sivera,
me hizo llegar, el pasado 26 de noviembre, una “notificación de la diligència d’embargament de la quantitat
correspondent” a la devolución tributaria de l’Agència Estatal de Administración
Tributaria, redactada, de nuevo, sólo en catalán. Este embargo fue aplicado y
me fue confirmado por la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia
Tributaria, en escrito en español, fechado el 6 de noviembre de 2013.
· Como hubiera dicho Ernesto
Sáez de Buruaga, así han sucedido las cosas y así las he contado, sucinta y
diacrónicamente. Ahora bien, los hechos narrados merecen algunas
consideraciones y observaciones, ya que llueve sobre mojado y no se trata, a mi
entender, de hechos aislados o marginales, sino más bien de actuaciones
intencionadas, planificadas y generalizadas.
· Por los hechos narrados, queda claro que las Administraciones
catalanas no han cumplido ni cumplen con la legalidad vigente. Por eso y previa
exigencia por parte del que suscribe, han estado obligadas a reenviarme las
notificaciones en la otra lengua oficial y propia de la mayoría de los
ciudadanos de Cataluña, el español. Ahora bien, no han actuado con la
diligencia debida (y creo que intencionadamente), para que se respeten tanto la
legalidad vigente como mis derechos lingüísticos. Y, los plazos para hacer
efectivos los pagos habiendo sido sobrepasados, a causa de la inoperancia y/o
de la intencionalidad de las Administraciones Catalanas, éstas vienen, desde
hace algunos meses, con el garrote de los recargos, de las costas, de los
intereses y de los embargos testiculares.
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Yo me pregunto y les pregunto a mis lectores cómo se pueden poner unas
sanciones pecuniarias y aplicar unos embargos a los ciudadanos que no han
podido cumplir con sus obligaciones cívicas, porque las Administraciones no han
hecho sus deberes ni han respetado la legalidad vigente. ¿Acaso los ciudadanos
debemos apechugar con penas o sanciones
por delitos o faltas que no hemos cometido? Esto, según el sentido común, repugna
al tan cacareado Estado de Derecho que, según lo narrado ut supra, no existe en Cataluña. Por eso, ¿los de la casta política
y los funcionarios al servicio de ella son servidores o, más bien, depredadores
públicos? Por los hechos los conoceréis, dicen las Sagradas Escrituras: son
depredadores y depredadores letales con el peculio de los ciudadanos.
· Creo que estamos ante una nueva modalidad de “multas lingüísticas”, para hacer pasar por el aro lingüístico a los
ciudadanos, y ante un nuevo método para desvalijar a los sufridos
contribuyentes y hacer caja, en esta época de vacas flacas. Y, ante esto, ¿qué
hacen los defensores de los
hispanohablantes en Cataluña? Nada. O lo que hacen es dar palos de ciego y esto
no es operativo. Por eso, los “facta”
de estos depredadores públicos (los modernos del “Vuelva Ud. mañana” y, sobre todo, pague) sólo pueden conducir a la
insumisión de los ciudadanos y a que éstos se tomen la justicia por su mano. En
efecto, como dice un refrán popular, “cuando
los que mandan (la casta política)
pierden la vergüenza, los de abajo (la ciudadanía) pierden el respeto”.
