Nota aclaratoria del autor.
Tras varios intentos infructuosos de publicar este artículo escrito el
19 de marzo de 2015, he decidido publicarlo en mi blog para no retrasar
más su salida. Pido a los lectores su colaboración para difundirlo.
Sede central de “la Caixa”
Leo en un diario
que J. Òliva i Ritort ha sido contratado por CaixaBank como director de
general de Negocio Institucional dentro del área de Banca de
Instituciones y Finanzas Estructurales. La noticia del fichaje por la
institución financiera está fechada el 20 de febrero de 2015, apenas
tres semanas después de que se produjera su cese
como director general de Política Financiera, Seguros y Tesorería
(PFST) el pasado 27 de enero en la Consejería de Economía y Conocimiento,
a cuyo frente está A. Mas Colell. Ése mismo día, el Diario Oficial de
la Generalitat de Cataluña publicó
el nombramiento de J. M. Sánchez Pascual para dirigir la precitada
Dirección General (DG), quien hasta ese momento había desempeñado la
función de subdirector general de Deuda Pública y Operaciones
Financieras y era miembro, por tanto, del equipo del Sr. Òliva.
No cabe duda de que las funciones que va a desempeñar Òliva en
CaixaBank corresponden a un área de negocio donde la DG de PFST es uno
de sus principales suministradores de negocio institucional. Con
independencia de los méritos profesionales que puedan atesorar Òliva y
Sánchez Pascual, no puedo evitar como ciudadano y contribuyente
constatar con preocupación que quien ostentó la responsabilidad de
diseñar y ejecutar las políticas financieras, aseguramiento y tesorería
del gobierno de la Generalitat haya pasado a ocupar sin solución de
continuidad el puesto de director general de Negocio Institucional en
CaixaBank, una de las entidades financieras que actúa habitualmente como
proveedor de servicios para la DG que dirigía Òliva hasta hace unos
días, y en la que su principal interlocutor en el gobierno de la
Generalitat a partir de ahora será Sánchez Pascual, su subordinado hasta
hace unas semanas.
Potencial conflicto de intereses
El asunto al que acabo de referirme va mucho más allá de la mera
anécdota porque afecta de lleno a un área muy sensible de la
administración pública donde debería primar siempre la transparencia, la
neutralidad y las buenas prácticas a fin de asegurar la libre
concurrencia en la provisión de servicios y evitar perjuicios económicos
a otras empresas proveedoras y a los sufridos contribuyentes catalanes.
Sólo hace falta echar una ojeada a la página de la propia DG de PFST para comprender la importancia de las funciones que desarrolla:
- a) Elaborar propuestas de directrices sobre políticas en materia de política financiera, seguros y tesorería.
- b) Planificar y coordinar la ejecución en materia de políticas financiera, seguros y tesorería.
c) Ejercer las competencias de la Generalitat de Cataluña en el ámbito de las cajas de ahorro y cooperativas de crédito. - d) Ejercer la tutela financiera de las corporaciones locales.
- e) Ejercer las competencias de la Generalitat de Cataluña en el
ámbito de las mutualidades de previsión social y otras entidades
aseguradoras y de los intermediarios de seguros privados.
f) Ejercer las competencias de la Generalitat de Cataluña sobre los mercados de valores y otros centros de contratación situados en Cataluña, y también en relación a la ordenación del crédito y de la banca. - g) Diseñar y gestionar la política de deuda pública de la Generalitat de Catalunya.
h) Gestionar la tesorería de la Generalitat de Catalunya. - i) Todas las de naturaleza análoga que le encarguen y atribuyan la normativa vigente.
Hay entre las competencias mencionadas en los citados apartados
materia suficiente para intuir que puedan aparecer potenciales
conflictos de intereses entre la entidad encargada de dirigir,
planificar, coordinar y ejecutar las políticas financieras,
aseguramiento y tesorería de la Generalitat de Cataluña, y las entidades
financieras (EF) y entidades aseguradoras (EA) con las que la DG
mantiene relaciones ‘institucionales’ en tanto que proveedoras de
servicios al conjunto de administraciones públicas catalanas. En
particular, las decisiones de la DG de PFST atañen a cuestiones tan
importantes como decidir en qué EF se mantienen excedentes de tesorería,
a través de qué EF se realiza el pago de las nóminas de los empleados
públicos o se ingresan las cotizaciones sociales en la Tesorería General
de la Seguridad Social, a qué EF se encomienda colocar una emisión de
deuda del gobierno catalán, o con qué ES se contratan las pólizas que
cubren los riesgos inherentes al patrimonio de las administraciones
públicas catalanas y aquéllos derivados de las actividades desempeñadas
por sus empleados (policías, médicos, bomberos, etc.), etc.
Volumen de negocio
A la vista de las amplísimas competencias que tiene la DG de PFST,
resulta evidente que las decisiones administrativas que adopte pueden
tener importantes consecuencias para la cuenta de resultados de algunas
EF y EA. Cuanto más competencias tenga la Generalitat y mayor sea su
presupuesto, más elevado será también el volumen de negocio potencial
para las entidades que se conviertan en proveedoras de servicios
financieros y aseguramiento al sector público en Cataluña. De ahí que,
además del interés puramente político en aumentar las competencias de la
Generalitat, exista también un interés estrictamente económico porque a
más competencias más volumen de negocio en manos de la DG de PFST del
gobierno de la Generalitat y mayor el negocio potencial que pueden
obtener algunas EF y ES bien conceptuadas por los responsables
políticos.
Según los presupuestos de la Generalitat de 2014, el gasto total del
sector público de la Generalitat ascendía a 36.132,73 millones de euros
(M€), siendo las partidas más importantes, gastos de personal (8.693,5
M€), gastos corrientes en bienes y servicios (7.487,3 M€), gastos
financieros (2.397,5 M€) de los que el grueso (2.077,0 M€) eran
intereses de la deuda, inversiones reales (1.072,5 M€), y transferencias
corrientes (8.653,3 M€). A estos conceptos habría que añadirlas
operaciones financieras que ascienden a 7.324,5 M€ en los ingresos (de
los que 6.825,7 millones corresponden a variación de pasivos
financieros) y 7.876,4 millones en el presupuesto de gasto que
corresponden a Deuda pública.
La magnitud de las cifras anteriores pone de manifiesto la
importancia que tienen las decisiones de los responsables de la DG de
PFST sobre la actividad de las EF y EA que actúan como proveedoras de
servicios financieros y pólizas de seguros. De ahí, la importancia de
que las administraciones públicas adopten sus decisiones siguiendo
escrupulosamente los procedimientos administrativos establecidos por
ley, para asegurar que ningún proveedor de bienes y servicios a las
administraciones públicas resulte arbitrariamente favorecido, y todas
las operaciones presupuestarias estén sometidas a la fiscalización de
los servicios de intervención. Se trata en suma de evitar en lo posible
la comisión de delitos tales como tráfico de influencias, prevaricación,
cohecho y blanqueo de dinero y facilitar, cuando se cometan, su pronto
descubrimiento y denuncia.
Los escándalos que se han destapado en las administraciones
presididas por Pujol i Soley entre 1980 y 2003, incluidos los más
recientes todavía pendientes de juicio, indican que no estamos hablando
de meras hipótesis de trabajo. La presunta financiación ilícita de
Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido que preside A.
Mas, a través del Palau de la Música Catalana; el presunto amaño de las
concesiones de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en
Cataluña, que provocaron la dimisión de Oriol Pujol i Ferrusola como
secretario general y portavoz parlamentario de CDC; o el presunto cobro
de comisiones por algunos miembros de la familia Pujol, incluidos el
padre, la madre y la mayoría de los hijos, a cambio de contratos con las
administraciones catalanas, ponen de manifiesto la escasa ejemplaridad y
transparencia de las administraciones públicas catalanas. De ahí, la
importancia de que las decisiones de la DG de PFST sean más transparentes
que nunca y garanticen a todas las entidades participar en igualdad de
condiciones. Desde esta perspectiva, la existencia de estrechos vínculos
personales entre los responsables del gobierno de la Generalitat y
algunas EF que le suministran servicios no resulta ni prudente ni
decorosa.
Clemente Polo (Firma invitada en Honestidad Radical)
Doctor en Ciencias Económicas
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (UAB)
Vocal Asesor de la Presidencia del Gobierno presidido por Felipe González
Doctor en Ciencias Económicas
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (UAB)
Vocal Asesor de la Presidencia del Gobierno presidido por Felipe González