EL INÚTIL
DESPILFARRO DE LAS DUPLICIDADES ESTADO–CCAA
La falta de un modelo constitucional autonómico y el hecho de que la descentralización de España se haya hecho para contentar a los nacionalistas y a los barones territoriales de los partidos políticos han dado lugar a que resulte un Estado autonómico en el que proliferan las duplicidades o triplicidades, las redundancias y los excesos administrativos, porque se ha generalizado una mentalidad “autonómica” que consiste en asumir la mayor cantidad posible de competencias, porque a más competencias mayor poder, aunque sea necesario endeudarse para ejercer competencias adicionales.
Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos han procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal, desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.
La concurrencia de administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas. En 1999, el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los últimos nueve años, el País Vasco ha destinado 27,6 millones de euros a esta política. Lo mismo ocurre también en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia, para lo que se han destinado, en 2009, 25,9 millones de euros.
Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier Estado federal. UPyD estima en 40.000 millones de euros el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y redundancias. Por mi parte, yo creo que esa estimación se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario por duplicidades sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos corrientes.
Además, hay que tener en cuenta que, en marzo de 2011, los empleados públicos en las CCAA eran 1.748.160, y que de ellos, solo algo menos de la mitad de esa cifra se explica por el traspaso de competencias. En dos años, en plena crisis económica, el empleo público en las Autonomías —que ha favorecido principalmente a militantes de los partidos y a otros enchufados— ha aumentado en 415.316 personas; en enero de 2009, los empleados públicos sólo eran 1.332.844. Ese aumento se debe a que las administraciones autonómicas han seguido creciendo en ese periodo para poder ocuparse bien de las duplicidades y de las redundancias existentes.
Ante estas cifras un observador extranjero, desconocedor de nuestro singular Estado de las Autonomías, deduciría que en España somos muy ricos, a la vista del aumento de empleados públicos y del coste de las lujosas CCAA, por gastos públicos necesarios y por duplicidades y redundancias. Pues ¡nada de eso! Lo que ocurre es que, los gobernantes autonómicos, si no hay consignación presupuestaria para un gasto importante para ello, acuden inmediatamente a la deuda pública. Efectivamente, la pésima e irresponsable costumbre del endeudamiento se da tanto en las Comunidades gobernadas por el PSOE, como en las del PP y en la nacionalista Cataluña. Todos los partidos políticos tienen el mismo vicio: gastar por encima de lo presupuestado y de las posibilidades. ¡Si al menos lo gastaran bien! Pero, ¡no!: las cuentas de las CC.AA. son escandalosas porque, muchas veces, muestran inútiles despilfarros. ¡Claro!, parece que el dinero que gastan no es de nadie, ni siquiera de los contribuyentes.
El problema es de base. Las CCAA llevan años presupuestando por debajo de lo que gastan en la Sanidad —entre un 15 y 20% menos, según los expertos— y esa diferencia continúa acumulándose. La infra-financiación es el principal problema que aducen la mayoría de las comunidades cuando se les menciona la deuda. Lo que no dicen es que esa infra-financiación se debe a que la prestación de servicios sanitarios es, por economías de escala, por lo menos un 20 % más caro si lo gestionan 17 CCAA que si lo hace directamente la administración del Estado. Por ello, como demostraron S. Alcelay e Y. Gómez, en un artículo publicado en ABC el 2 de abril de 2012, “las Autonomías han doblado el gasto en Sanidad y educación en diez años”. Desde luego, ello no se debe a que han duplicado los servicios sanitarios en diez años, sino al mayor coste de la Sanidad y de la Educación, al prestarlos 17 CCAA en vez del Estado, y también a la existencia de duplicidades y redundancias.
En definitiva, lo que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos, que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.
Pero, ¿existe alguna manera de eliminar las duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay varias formas de eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías, aunque esto tropieza con dos obstáculos enormes: uno, porque la autonomía territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y para eliminarla es preciso modificar profundamente la Constitución; otro, porque los partidos mayoritarios y los nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. En efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de enchufados.
Para eliminar las costosas duplicidades Estado-CCAA hay que proceder por fases. Lo más urgente es revisar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA porque, aunque el modelo previsto en los artículos 148 y 149 de la CE es asumible, la aplicación abusiva de lo previsto en el artículo 150.2, referente a la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas facultades de competencia exclusiva del Estado, ha vaciado la Administración del Estado, que actualmente realiza sólo el 21 % del gasto público, por lo que se ha convertido en una administración residual. Por lo tanto, el Estado debe reasumir las competencias exclusivas que le corresponden constitucionalmente, evitando la mayoría de las duplicidades y redundancias existentes. Todos los españoles, independientemente del lugar en que habiten, deben obtener los servicios sociales con un nivel de calidad similar, pero ya sabemos que ciertas comunidades autónomas, como Cataluña, aplican prioritariamente los recortes presupuestarios a la Sanidad y a otros servicios sociales en lugar de hacerlo en asuntos identitarios y en “adelgazar” la administración y las empresas públicas. Además, es indispensable la aprobación de leyes orgánicas que normalicen las autonomías territoriales en un nivel semejante, para que todos los territorios autónomos establezcan techos competenciales.
Antes o después, deberemos entrar en razón y, sea para lograr el bien común o por imposición de Europa —tal vez tras una intervención o rescate de España— ante la insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que conformarnos con el “café para unos pocos” o, incluso, con ningún café para ninguna comunidad territorial. En todo caso, el “café autonómico” no debe ser atractivo. Y el café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir, solo con los impuestos de los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los españoles, como ahora. ¡Ah!, y cuando digo autofinanciación de la autonomía, quiero decir que sea suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la deuda pública de cada comunidad autónoma. Y el “café” se conseguirá asimismo cuando las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el “café autonómico” será amargo si deja de ser el chollo que es actualmente para los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre podrá renunciar a ella, para ser igual que las otras comunidades de régimen común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!
Por supuesto, los partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías, aunque saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los ciudadanos para que PP y PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar profundamente las Autonomías? Pues sencillamente luchar democráticamente contra ellos hasta que cambien de actitud sobre este asunto, lo que exige llevar a cabo, entre otras cosas, las siguientes:
Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos han procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal, desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.
La concurrencia de administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas. En 1999, el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los últimos nueve años, el País Vasco ha destinado 27,6 millones de euros a esta política. Lo mismo ocurre también en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia, para lo que se han destinado, en 2009, 25,9 millones de euros.
Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier Estado federal. UPyD estima en 40.000 millones de euros el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y redundancias. Por mi parte, yo creo que esa estimación se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario por duplicidades sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos corrientes.
Además, hay que tener en cuenta que, en marzo de 2011, los empleados públicos en las CCAA eran 1.748.160, y que de ellos, solo algo menos de la mitad de esa cifra se explica por el traspaso de competencias. En dos años, en plena crisis económica, el empleo público en las Autonomías —que ha favorecido principalmente a militantes de los partidos y a otros enchufados— ha aumentado en 415.316 personas; en enero de 2009, los empleados públicos sólo eran 1.332.844. Ese aumento se debe a que las administraciones autonómicas han seguido creciendo en ese periodo para poder ocuparse bien de las duplicidades y de las redundancias existentes.
Ante estas cifras un observador extranjero, desconocedor de nuestro singular Estado de las Autonomías, deduciría que en España somos muy ricos, a la vista del aumento de empleados públicos y del coste de las lujosas CCAA, por gastos públicos necesarios y por duplicidades y redundancias. Pues ¡nada de eso! Lo que ocurre es que, los gobernantes autonómicos, si no hay consignación presupuestaria para un gasto importante para ello, acuden inmediatamente a la deuda pública. Efectivamente, la pésima e irresponsable costumbre del endeudamiento se da tanto en las Comunidades gobernadas por el PSOE, como en las del PP y en la nacionalista Cataluña. Todos los partidos políticos tienen el mismo vicio: gastar por encima de lo presupuestado y de las posibilidades. ¡Si al menos lo gastaran bien! Pero, ¡no!: las cuentas de las CC.AA. son escandalosas porque, muchas veces, muestran inútiles despilfarros. ¡Claro!, parece que el dinero que gastan no es de nadie, ni siquiera de los contribuyentes.
El problema es de base. Las CCAA llevan años presupuestando por debajo de lo que gastan en la Sanidad —entre un 15 y 20% menos, según los expertos— y esa diferencia continúa acumulándose. La infra-financiación es el principal problema que aducen la mayoría de las comunidades cuando se les menciona la deuda. Lo que no dicen es que esa infra-financiación se debe a que la prestación de servicios sanitarios es, por economías de escala, por lo menos un 20 % más caro si lo gestionan 17 CCAA que si lo hace directamente la administración del Estado. Por ello, como demostraron S. Alcelay e Y. Gómez, en un artículo publicado en ABC el 2 de abril de 2012, “las Autonomías han doblado el gasto en Sanidad y educación en diez años”. Desde luego, ello no se debe a que han duplicado los servicios sanitarios en diez años, sino al mayor coste de la Sanidad y de la Educación, al prestarlos 17 CCAA en vez del Estado, y también a la existencia de duplicidades y redundancias.
En definitiva, lo que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos, que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.
Pero, ¿existe alguna manera de eliminar las duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay varias formas de eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías, aunque esto tropieza con dos obstáculos enormes: uno, porque la autonomía territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y para eliminarla es preciso modificar profundamente la Constitución; otro, porque los partidos mayoritarios y los nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. En efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de enchufados.
Para eliminar las costosas duplicidades Estado-CCAA hay que proceder por fases. Lo más urgente es revisar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA porque, aunque el modelo previsto en los artículos 148 y 149 de la CE es asumible, la aplicación abusiva de lo previsto en el artículo 150.2, referente a la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas facultades de competencia exclusiva del Estado, ha vaciado la Administración del Estado, que actualmente realiza sólo el 21 % del gasto público, por lo que se ha convertido en una administración residual. Por lo tanto, el Estado debe reasumir las competencias exclusivas que le corresponden constitucionalmente, evitando la mayoría de las duplicidades y redundancias existentes. Todos los españoles, independientemente del lugar en que habiten, deben obtener los servicios sociales con un nivel de calidad similar, pero ya sabemos que ciertas comunidades autónomas, como Cataluña, aplican prioritariamente los recortes presupuestarios a la Sanidad y a otros servicios sociales en lugar de hacerlo en asuntos identitarios y en “adelgazar” la administración y las empresas públicas. Además, es indispensable la aprobación de leyes orgánicas que normalicen las autonomías territoriales en un nivel semejante, para que todos los territorios autónomos establezcan techos competenciales.
Antes o después, deberemos entrar en razón y, sea para lograr el bien común o por imposición de Europa —tal vez tras una intervención o rescate de España— ante la insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que conformarnos con el “café para unos pocos” o, incluso, con ningún café para ninguna comunidad territorial. En todo caso, el “café autonómico” no debe ser atractivo. Y el café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir, solo con los impuestos de los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los españoles, como ahora. ¡Ah!, y cuando digo autofinanciación de la autonomía, quiero decir que sea suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la deuda pública de cada comunidad autónoma. Y el “café” se conseguirá asimismo cuando las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el “café autonómico” será amargo si deja de ser el chollo que es actualmente para los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre podrá renunciar a ella, para ser igual que las otras comunidades de régimen común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!
Por supuesto, los partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías, aunque saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los ciudadanos para que PP y PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar profundamente las Autonomías? Pues sencillamente luchar democráticamente contra ellos hasta que cambien de actitud sobre este asunto, lo que exige llevar a cabo, entre otras cosas, las siguientes:
· Influir en la opinión pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desaparecer esas costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.
· Pedir la celebración de un Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA.
· Exigir la devolución al Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de otras que se estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.
· Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas duplicidades mediante la reforma del Estado de las Autonomías; o, incluso, la eliminación de las CCAA, tras la necesaria reforma de la Constitución.
© Joaquín Javaloys
(Junio - 2012)
© Joaquín Javaloys
(Junio - 2012)