sábado, 25 de abril de 2015

CONEXIONES INDECOROSAS

Nota aclaratoria del autor. Tras varios intentos infructuosos de publicar este artículo escrito el 19 de marzo de 2015, he decidido publicarlo en mi blog para no retrasar más su salida. Pido a los lectores su colaboración para difundirlo.

Sede central de "la Caixa"
Sede central de “la Caixa”

Leo en un diario que J. Òliva i Ritort ha sido contratado por CaixaBank como director de general de Negocio Institucional dentro del área de Banca de Instituciones y Finanzas Estructurales. La noticia del fichaje por la institución financiera está fechada el 20 de febrero de 2015, apenas tres semanas después de que se produjera su cese como director general de Política Financiera, Seguros y Tesorería (PFST) el pasado 27 de enero en la Consejería de Economía y Conocimiento, a cuyo frente está A. Mas Colell. Ése mismo día, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó el nombramiento de J. M. Sánchez Pascual para dirigir la precitada Dirección General (DG), quien hasta ese momento había desempeñado la función de subdirector general de Deuda Pública y Operaciones Financieras y era miembro, por tanto, del equipo del Sr. Òliva.

No cabe duda de que las funciones que va a desempeñar Òliva en CaixaBank corresponden a un área de negocio donde la DG de PFST es uno de sus principales suministradores de negocio institucional. Con independencia de los méritos profesionales que puedan atesorar Òliva y Sánchez Pascual, no puedo evitar como ciudadano y contribuyente constatar con preocupación que quien ostentó la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas financieras, aseguramiento y tesorería del gobierno de la Generalitat haya pasado a ocupar sin solución de continuidad el puesto de director general de Negocio Institucional en CaixaBank, una de las entidades financieras que actúa habitualmente como proveedor de servicios para la DG que dirigía Òliva hasta hace unos días, y en la que su principal interlocutor en el gobierno de la Generalitat a partir de ahora será Sánchez Pascual, su subordinado hasta hace unas semanas.

Potencial conflicto de intereses

El asunto al que acabo de referirme va mucho más allá de la mera anécdota porque afecta de lleno a un área muy sensible de la administración pública donde debería primar siempre la transparencia, la neutralidad y las buenas prácticas a fin de asegurar la libre concurrencia en la provisión de servicios y evitar perjuicios económicos a otras empresas proveedoras y a los sufridos contribuyentes catalanes. Sólo hace falta echar una ojeada a la página de la propia DG de PFST para comprender la importancia de las funciones que desarrolla:
  1. a) Elaborar propuestas de directrices sobre políticas en materia de política financiera, seguros y tesorería.
  2. b) Planificar y coordinar la ejecución en materia de políticas financiera, seguros y tesorería.
    c) Ejercer las competencias de la Generalitat de Cataluña en el ámbito de las cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
  3. d) Ejercer la tutela financiera de las corporaciones locales.
  4. e) Ejercer las competencias de la Generalitat de Cataluña en el ámbito de las mutualidades de previsión social y otras entidades aseguradoras y de los intermediarios de seguros privados.
    f) Ejercer las competencias de la Generalitat de Cataluña sobre los mercados de valores y otros centros de contratación situados en Cataluña, y también en relación a la ordenación del crédito y de la banca.
  5. g) Diseñar y gestionar la política de deuda pública de la Generalitat de Catalunya.
    h) Gestionar la tesorería de la Generalitat de Catalunya.
  6. i) Todas las de naturaleza análoga que le encarguen y atribuyan la normativa vigente.
Hay entre las competencias mencionadas en los citados apartados materia suficiente para intuir que puedan aparecer potenciales conflictos de intereses entre la entidad encargada de dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas financieras, aseguramiento y tesorería de la Generalitat de Cataluña, y las entidades financieras (EF) y entidades aseguradoras (EA) con las que la DG mantiene relaciones ‘institucionales’ en tanto que proveedoras de servicios al conjunto de administraciones públicas catalanas. En particular, las decisiones de la DG de PFST atañen a cuestiones tan importantes como decidir en qué EF se mantienen excedentes de tesorería, a través de qué EF se realiza el pago de las nóminas de los empleados públicos o se ingresan las cotizaciones sociales en la Tesorería General de la Seguridad Social, a qué EF se encomienda colocar una emisión de deuda del gobierno catalán, o con qué ES se contratan las pólizas que cubren los riesgos inherentes al patrimonio de las administraciones públicas catalanas y aquéllos derivados de las actividades desempeñadas por sus empleados (policías, médicos, bomberos, etc.), etc.

Volumen de negocio

A la vista de las amplísimas competencias que tiene la DG de PFST, resulta evidente que las decisiones administrativas que adopte pueden tener importantes consecuencias para la cuenta de resultados de algunas EF y EA. Cuanto más competencias tenga la Generalitat y mayor sea su presupuesto, más elevado será también el volumen de negocio potencial para las entidades que se conviertan en proveedoras de servicios financieros y aseguramiento al sector público en Cataluña. De ahí que, además del interés puramente político en aumentar las competencias de la Generalitat, exista también un interés estrictamente económico porque a más competencias más volumen de negocio en manos de la DG de PFST del gobierno de la Generalitat y mayor el negocio potencial que pueden obtener algunas EF y ES bien conceptuadas por los responsables políticos.

Según los presupuestos de la Generalitat de 2014, el gasto total del sector público de la Generalitat ascendía a 36.132,73 millones de euros (M€), siendo las partidas más importantes, gastos de personal (8.693,5 M€), gastos corrientes en bienes y servicios (7.487,3 M€), gastos financieros (2.397,5 M€) de los que el grueso (2.077,0 M€) eran intereses de la deuda, inversiones reales (1.072,5 M€), y transferencias corrientes (8.653,3 M€). A estos conceptos habría que añadirlas operaciones financieras que ascienden a 7.324,5 M€ en los ingresos (de los que 6.825,7 millones corresponden a variación de pasivos financieros) y 7.876,4 millones en el presupuesto de gasto que corresponden a Deuda pública.

La magnitud de las cifras anteriores pone de manifiesto la importancia que tienen las decisiones de los responsables de la DG de PFST sobre la actividad de las EF y EA que actúan como proveedoras de servicios financieros y pólizas de seguros. De ahí, la importancia de que las administraciones públicas adopten sus decisiones siguiendo escrupulosamente los procedimientos administrativos establecidos por ley, para asegurar que ningún proveedor de bienes y servicios a las administraciones públicas resulte arbitrariamente favorecido, y todas las operaciones presupuestarias estén sometidas a la fiscalización de los servicios de intervención. Se trata en suma de evitar en lo posible la comisión de delitos tales como tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y blanqueo de dinero y facilitar, cuando se cometan, su pronto descubrimiento y denuncia.

Los escándalos que se han destapado en las administraciones presididas por Pujol i Soley entre 1980 y 2003, incluidos los más recientes todavía pendientes de juicio, indican que no estamos hablando de meras hipótesis de trabajo. La presunta financiación ilícita de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido que preside A. Mas, a través del Palau de la Música Catalana; el presunto amaño de las concesiones de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en Cataluña, que provocaron la dimisión de Oriol Pujol i Ferrusola como secretario general y portavoz parlamentario de CDC; o el presunto cobro de comisiones por algunos miembros de la familia Pujol, incluidos el padre, la madre y la mayoría de los hijos, a cambio de contratos con las administraciones catalanas, ponen de manifiesto la escasa ejemplaridad y transparencia de las administraciones públicas catalanas. De ahí, la importancia de que las decisiones de la DG de PFST sean más transparentes que nunca y garanticen a todas las entidades participar en igualdad de condiciones. Desde esta perspectiva, la existencia de estrechos vínculos personales entre los responsables del gobierno de la Generalitat y algunas EF que le suministran servicios no resulta ni prudente ni decorosa.

Clemente Polo (Firma invitada en Honestidad Radical)
Doctor en Ciencias Económicas
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (UAB) 
Vocal Asesor de la Presidencia del Gobierno presidido por Felipe González